En un mundo desarrollado que levanta muros, España abre puertas. El gobierno del socialista Pedro Sánchez anunció en enero de 2026 la regularización extraordinaria de los inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo que puedan demostrar una estancia mínima de cinco meses en España y no tengan antecedentes penales. Más de medio millón de personas —de los aproximadamente 850.000 en situación irregular— podrán normalizar su estatus. El gobierno aprobó la medida mediante un real decreto, esquivando al Parlamento, donde el Partido Socialista no tiene mayoría. La propuesta originalmente surgió de una petición firmada por aproximadamente 700.000 personas, con el apoyo de organizaciones civiles, asociaciones de migrantes y la Iglesia católica.

La medida contrasta radicalmente con el endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en el resto del mundo desarrollado. En Europa, Alemania ha aprobado reformas para facilitar deportaciones; Francia ha restringido prestaciones sociales; Italia aplica leyes disuasorias; y el Reino Unido ha limitado drásticamente el acceso al asilo. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene una agresiva campaña de deportaciones. España, en este contexto, va radicalmente a contracorriente. Sánchez justifica su postura con datos económicos: "El 80% del crecimiento económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social se deben a la migración." El país cerró 2025 con un récord de 22,46 millones de trabajadores, impulsado en gran parte por mano de obra extranjera.

Un factor clave en el debate es el origen de los inmigrantes. Los latinoamericanos representan casi la mitad del total, y los expertos señalan que su integración es especialmente fluida. "Al manejar el idioma pueden empezar a trabajar nada más llegar a España, además de que comparten nuestra cultura, valores y, en buena medida, la religión", sostiene José Pablo Martínez, investigador del Real Instituto Elcano. Esta afinidad cultural y lingüística hace que "el choque social sea mucho menor" que el que experimenta Francia o Alemania con otros flujos migratorios. El gobierno también subraya el papel de los inmigrantes en sectores con escasez de mano de obra: agricultura, hostelería, construcción y cuidado de personas mayores.

Sin embargo, no faltan críticas. El analista demográfico Alejandro Macarrón advierte que España aún tiene un desempleo estructural elevado —cerca del 10%, frente al promedio europeo del 6%— y que una política de puertas abiertas puede intensificar lo que las encuestas identifican como la principal preocupación de los españoles: la crisis de la vivienda. "Para un país que tiene un desempleo estructural tan grande, absorber a cientos de miles no será fácil", argumenta. La oposición de derechas también critica que la medida se haya aprobado por decreto, sin debate parlamentario. El debate está lejos de cerrarse: España ha tomado una posición clara, pero las consecuencias tardarán años en evaluarse.