El 21 de julio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley del tabaco, un texto que ahora viaja a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. Conviene subrayarlo desde el principio, porque muchos titulares lo olvidaron: todavía no es una ley. Los diputados y senadores pueden modificarlo, retrasarlo o incluso rechazarlo. Si finalmente sale adelante, la norma reformará la Ley 28/2005 y supondrá la actualización más importante de la legislación española contra el tabaquismo en más de una década.

¿Qué cambiaría exactamente? Sobre todo, la geografía del humo. El texto amplía los espacios sin humo a las terrazas de bares y restaurantes, a las playas marítimas y fluviales, a las piscinas de uso colectivo, a las instalaciones deportivas, a los parques nacionales, a los vehículos de trabajo y a los espectáculos públicos, incluidos los conciertos y el cine al aire libre. Además, crea un perímetro de protección: no se podría fumar a menos de quince metros de las entradas de hospitales, colegios, universidades, museos, bibliotecas y parques infantiles. Y los estancos y tiendas especializadas ya no podrían mostrar publicidad ni cartelería visible desde la calle.

La segunda gran novedad tiene que ver con los adolescentes. Hasta ahora la ley prohibía vender y suministrar tabaco a los menores de dieciocho años, pero no prohibía expresamente que lo consumieran; el nuevo texto sí lo hace. La reforma también equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco tradicional en todos los espacios donde fumar esté prohibido. La razón está en los datos.

El proyecto endurece también la publicidad, la promoción y el patrocinio: no solo en la calle y en internet, sino en la propia televisión, donde no podrán emitirse programas en los que presentadores o invitados aparezcan fumando o mostrando marcas de tabaco. Y recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, un organismo de vigilancia que había sido suprimido en 2014. Si las Cortes aprueban el texto, entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con un plazo de dos meses para adaptar la señalización.

El debate, mientras tanto, ya está en la calle. El sector de la hostelería teme perder clientes en unas terrazas que son parte de la identidad social española; las asociaciones médicas responden que ningún derecho a fumar puede estar por encima del derecho de los demás a respirar aire limpio. En un país donde la terraza es casi una institución nacional, la discusión no es solo sanitaria: es cultural.