Diana tenía un sueño cuando dejó su Perú natal hace dos años: trabajar en el sector turístico en España, un país que le prometía estabilidad económica y profesional. Pero la realidad de ser una migrante sin papeles ha resultado muy distinta. Sin documentos de residencia, encontrar un trabajo estable es casi imposible. Se las arregla con trabajos ocasionales, sin contrato, sin seguridad. "Trabajar sin los documentos de residencia es difícil porque los empleadores pueden decirte una cosa y luego obligarte a hacer otra. A veces te pagan menos de lo acordado", explica. "Es estresante, te pueden explotar y luego puedes acabar no solo sin dinero, sino enferma y sola."

La vida sin papeles no solo dificulta el empleo. El acceso a servicios bancarios básicos está severamente restringido para los indocumentados. Pero quizá el problema más urgente en el contexto actual de España es la vivienda: encontrar un piso en alquiler es casi imposible si no puedes presentar documentos de residencia a los posibles arrendadores. Esto se agrava en un país que vive una crisis del alquiler, con precios que han subido de forma vertiginosa en los últimos años. Sin embargo, el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de medio millón de personas en situación irregular ha cambiado el estado de ánimo de Diana y de miles como ella. "Cambiará la vida de mucha gente, y los españoles también se beneficiarán", afirma con esperanza.

Y es que la realidad económica respalda la perspectiva de Diana. Los trabajadores extranjeros, documentados o no, son hoy un pilar fundamental de la economía española. Los migrantes tienen una gran presencia en los sectores de la atención a personas mayores, en la hostelería y en la agricultura, donde más de 250.000 extranjeros trabajan registrados formalmente, además de miles de migrantes indocumentados. Francisco José García Navarrete, de la asociación de agricultores ASAJA, lo dice sin rodeos: "Si no tuviéramos trabajadores inmigrantes, sería un problema para nosotros." Un informe del Banco Central de España publicado en 2024 fue aún más directo: concluyó que el país necesitará aproximadamente 25 millones de migrantes durante las próximas tres décadas para mantener a flote tanto la economía como el sistema de seguridad social.

El proceso de regularización comenzó en abril de 2026 y tiene como fecha límite el 30 de junio de ese año. Los interesados deben demostrar cinco meses de estancia ininterrumpida en España, llegar antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales. Para personas como Diana, cumplir esos requisitos significa mucho más que un permiso de residencia: significa dejar de vivir con miedo, poder firmar un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria y trabajar sin temor a ser mano de obra invisible y vulnerable. "Ahora siento que puedo planificar mi futuro aquí", dice Diana.